Si es posible
(que no caerá esa breva). Al menos, los catalanes podéis votar que no.
Pero hasta los no catalanes podéis apoyar, por ejemplo, la Enmienda 6.1.
No
todas las lenguas de Cataluña pueden ser cooficiales, por operatividad.
Pero esta enmienda contribuiría a deshacer el desaguisado lógico,
legislativo y político a que se lleva cuando el Estatut contradice la
Constitución Española.
Me
parece genial que los catalanes decidan que el catalán es la única
lengua que se habla en Cataluña, o la única que puede hablarse, si por
ahí les da, una vez se haya reformado la Constitución para autorizarlo.
Pero, lamentablemente, sigue en vigor su artículo 3.1: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".Con
cooficialidad de las otras lenguas autonómicas, etc. Al declarar el
Estatut que el catalán es la única lengua oficial de Cataluña se produce
una ofensa a la lógica y a la ley. Y se produce el hecho todavía más
alarmante de que esto se haga con el conocimiento y la connivencia de
abundantes instituciones políticas y judiciales. Semejantes
arbitrariedades no pueden tolerarse, pues dejan la puerta abierta a
cualquier otra arbitrariedad o ceguera selectiva en cuanto sea
políticamente oportuna. Y encima, oportunismo de la peor especie:
encaminado a fomentar un nacionalismo hipócrita, mezquino y egoísta.
Si estás en contra de la justicia politizada, o de la ceguera selectiva de la ley, vota la Enmienda 6.1.
Según publica hoy La Razón, la policía lingüística va cogiendo fuerza en Cataluña:
la
agencia catalana del consumo envió una misiva a varios
establecimientos, a la que ha tenido acceso este diario, advirtiéndoles
que «según el Estatut y el artículo 2 de la Ley 1/98, de Política
Lingüística, la lengua propia de Cataluña es el catalán». Sólo ocho días
antes un comercio se veía obligado a pagar un multa de 1.200 euros por
documentos mercantiles y ofertas de servicios no escritos en la lengua
vernácula.
La
carta enviada es un requerimiento con plazo de dos meses que recuerda
que la actual normativa establece que «la señalización y los carteles de
información general de carácter fijo y los documentos de oferta de
servicios (cualquier documento empresarial que detalle las
características de los productos o servicios, ya sean prestaciones,
precios...) de los establecimientos abiertos al público deben ser
redactados, por lo menos en catalán». De no cumplir con estas
condiciones, se advierte de que en un período de dos meses, es decir el
próximo 31 de julio, se iniciarán las actuaciones necesarias para
corregir la infracción. Es decir, se procederá a multar a la empresa o
establecimiento.
Todo
esto proviene de la irresponsabilidad del Tribunal Constitucional (y
del Parlamento, y del Gobierno), al templar gaitas y no anular una ley
que obviamente atenta contra el artículo tercero de la Constitución.
Este dice así en sus dos primeros puntos:
1.
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
El punto dos haría factible (si bien se trataría de una medida opresiva) la obligatoriedad del bilingüismo en organismos oficiales.
Aplicado con intencionalidad política manipuladora, se utiliza para
penalizar el uso por parte de particulares de la lengua oficial
declarada por el punto uno. Esto no hay legislador que pueda
justificarlo, ni político que pueda defenderlo, sin una voluntad muy
decidida de practicar el doublethink.
Aquí,
como en tantas otras cosas, los nacionalistas y el Partido Socialista
actúan de modo irresponsable contra la letra misma de la Constitución.
Las consecuencias a largo plazo de estas políticas torticeras y
manipuladoras pueden ser funestas. Poco a poco se va viendo. Y lo que
nos tocará ver aún.
Supongo que dependerá de la honestidad de cada tribunal. Pero si
desde el poder se alienta el localismo y la ley del embudo, todos
podemos suponer las consecuencias que derivan de eso desde la cúpula
hacia abajo. El gobierno ha de ser un ejemplo ético, además de político.
Y los gobiernos nacionalistas, con sus leyes del embudo, actúan con
frecuencia de manera inmoral, además de políticamente problemática.
Fer____ -
Aquí algunos licenciados se preparan, a la vez que el cap, el
catalán, por aquello de si las opos salen en cataluña. O en Valencia. O
en Baleares. Lo que no está tan claro es lo que pasa después una vez
allí.
