De inhabilitados a desacreditados
Las diferencias que se están introduciendo en el procedimiento de
acceso a los cuerpos docentes universitarios pueden verse en este PDF que compara la redacción de la LOU antes y después de su reforma (ver artículos 57 al 66). Ya comenté algún aspecto de esta reforma hace algunos días.
Hoy me voy a centrar en el asunto de las acreditaciones—que me
disgustan casi casi tanto como las habilitaciones. Podíamos
preguntarnos, por ejemplo, por qué no se requieren acreditaciones
previas para ocupar ministerios, subsecretarías generales, etc. — y a
esos cargos se permite el acceso de cualquier nominado a dedo por el
pasillamen del partido. ¿Igual es que no era democrático acreditarlos
previamente, o qué? Desde luego sí que les alteraría la lógica del
corralito, y mucho... ya que no han tenido que hacer ni siquiera
concursos de méritos para llegar a ponerse a tiro de un cargo.
Cuando yo me presenté a mi última oposición, todos los Profesores
Titulares estábamos habilitados de oficio para presentarnos a las
oposiciones a cátedras. Esa fue de las últimas oposiciones a cátedras
por el sistema pre-LOU; con la entrada en vigor de la LOU, de la noche a
la mañana quedó todo el mundo inhabilitado. Ah, amigo. Los que una
semana antes podían concursar, ahora ya no podían. No sé si técnicamente
hablando es ésta una ley con efecto retroactivo, pero desde luego a
efectos prácticos no hay duda. Se creó un cuerpo virtual intermedio
entre los catedráticos y los titulares de universidad (y otro entre los
titulares y los no titulares, claro): los habilitados,
cuerpo fantasmal que ocupaba plazas fantasmales y sin sueldo. Las
plazas eran (son) muy reales en otro sentido: se convocan plazas de
habilitaciones limitadas según el número de plazas "de verdad" que
quieren cubrir las universidades. ¿Lógico? Pues podría parecer que sí,
pero....
... la lógica perversa de este sistema (y digo
perversa no sólo por sus elementos de círculo vicioso, sino porque se
hizo a conciencia, cuando se veía venir de lejos lo que iba a pasar)—la
lógica perversa, digo, se verá con este ejemplo práctico de mi
universidad. Como digo, me presenté a cátedras, pero la plaza (¡ay!) no
se cubrió. Vale. Debería haber pasado al nuevo sistema, y generar una
plaza de habilitación, para luego cubrirse, ¿no? Pues no. La universidad
no quiere (va contra su política) sacar la plaza a concurso, y prefiere
guardarla en salmuera, en tanto no haya un habilitado de la propia universidad que pueda cubrirla.
Vamos, ¿que no querías endogamia, que para eso dicen que pusieron las
habilitaciones? Pues toma taza y media. Allí sigue la plaza de cátedra
que digo, durmiendo el sueño de los justos, tres años después de la
última prueba y siete u ocho años después de haber quedado vacante.
Las habilitaciones han quedado desacreditadas. Demasiada gente en
movimiento para pocas plazas, alteración de la docencia, sistema costoso
y engorroso... ¿pero es que no tenía un superior con talento el
destalentado que propuso el sistema? No, no lo tenía, había que morir al
palo. Vale, ahora se suprimen las habilitaciones, pero los profesores
de los cuerpos docentes universitarios no quedan por eso habilitados.
Tendrán que seguir pasando dos tandas de exámenes para acceder a una
plaza. Se introducen las acreditaciones, con
lo cual de estar inhabilitados hemos pasado a estar desacreditados.
Necesitamos acreditación. (Es curioso, insisto, que los políticos que
redactan estas normas no necesiten ellos nunca acreditación para nada,
pero sí se la exijan a quien ha de tener titulaciones y oposiciones y
currículum bien nutridito para estar donde está. Aquí pasa como con sus
sueldos: generosidad inexplicable para consigo mismos, y otra vara de
medir para quienes han pasado el tiempo formándose como especialistas en
lugar de ascender por la vía supersónica del dedo partidario).
Dos ventajas parecen tener las acreditaciones sobre las (casi) antiguas
habilitaciones. La primera, una quizá de doble filo: no hay prueba
presencial. Se valora el currículum del candidato, con lo cual es más
cómodo para todos... pero las protestas y recursos se van a multiplicar,
supongo. La segunda, que no hay un número limitado de "plazas". Así, es
previsible que se acredite más gente de la que venía habilitándose. Se
mantiene el concurso de acceso a la plaza en la universidad, claro... y
ahí va a ser la fiesta de la endogamia. Con la mayor autonomía de la
universidad, mayor flexibilidad de criterios, y candidatos todos
acreditados, de casa y de fuera, pues poca duda va a haber de cuál es el
candidato más conveniente y más adecuado a la línea de trabajo del
departamento, ¿no? Bueno, eso si goza de las bendiciones del tribunal,
que si su departamento se lo quiere quitar de encima, también lo va a
tener fácil. En suma, preveo más endogamia y más perpetuación del
feudalismo, todo bajo la garantía protectora de la acreditación.
Máxime cuando se ha suprimido una pequeña cláusula que daba un poco de
chicha a las fantasmales plazas de los habilitados. En la redacción
original de la LOU, los tribunales de la prueba de acceso (la oposición
de verdad, en la universidad) podían dejar la plaza vacante un año, pero
al segundo año la tenían que cubrir si se presentaba un candidato
habilitado. Aunque no les gustase, porque estaba habilitado, toma ya.
Ahora en cambio, no. Puedes estar todo lo acreditado que quieras, pero
si el tribunal estima (con su intocable discrecionalidad técnica) que no
eres adecuado para la plaza, no te servirá ni el currículum ni la
acreditación ni el Nobel de medicina. Ni el primer año ni el segundo.
Esto me recuerda que sí que había en las viejas oposiciones un informe
preliminar donde el tribunal expresaba su opinión sobre el currículum
del candidato, previamente al primer ejercicio. En mi caso, en la
cátedra que quedó vacante, todos los candidatos fuimos valorados
positivamente por el tribunal, es decir, que teníamos en principio, a
juicio del tribunal, el currículum esperable para ocupar una plaza de
cátedra (una especie de habilitación sobre el terreno). Ello no impidió
que en la oposición a la que me refiero luego ninguno de los candidatos
superase la primera prueba (y eso que teníamos todos sexenios de
investigación, otro dato indicativo). O sea, que discrecionalidad.... a
discreción. Y ahora, parecido. Los acreditadores y acreditados, que
canten misa si quieren, porque quien decide sobre la adecuación de un
candidato es únicamente el tribunal de la segunda prueba, "en la casa". Y
las reclamaciones no serán solventadas por una comisión específica del
área de conocimiento, con lo cual la discrecionalidad técnica quedará
intocable. Y baremos.... eso
es para las plazas de asociado, hombre, eso de contar puntos. Aquí, en
las oposiciones a titular o catedrático, funciona mejor la inspiración
general del tribunal, la atmósfera, nada baremable, en todo caso. El mismo currículum puede valer un 10 o un cero, según respire el tribunal. Toma ya criterio técnico.
Todo esto poca traza lleva de cambiar con la nueva ley. La reforma de
la ley no añade garantías objetivas para que sea el candidato con más
mérito y preparación quien obtenga la plaza. En todo caso suprime
algunas posibles garantías, y convierte el primer examen en un mero
trámite vacío de contenido frente al segundo—un trámite que puede que te
acredite, pero desde luego no te habilita para nada.
Ahora
que, de todo este proceso de reforma en las oposiciones, lo más pasmoso
ha sido ver cómo los cuerpos enteros de profesorado universitario (menos
los catedráticos, que ya han hecho el último examen) han aceptado sin
chistar su inhabilitación y desacreditación en masa por decreto-ley. Sin
movimientos de protesta, sin extrañarles siquiera. Debe ser porque ya
saben que se trata, antes y después, básicamente de aguardar turno,
estudiar la correlación de fuerzas y ubicarse correctamente. Que las
barreras, por muchas que haya, se alzarán al paso del Elegido, y que lo
más seguro bajo cualquier sistema es saber quién manda y estar en el
corrillo adecuado; lo de escuernarse a trabajar sin más es, pongamos,
secundario, por no decir irrelevante. Vamos, igual que si fuésemos todos
para ministros.
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